LA PRIVATIZACION DE LO PRIVADO
v
PRESENTACION
v
PROLOGO
CAPITULO I: LA DEMOCRATIZACION DE LA CPTSA
A.
EL PRINCIPIO
B.
EL PROCESO
C.
LAS MOTIVACIONES
D.
LA SOLUCION Y SUS
MECANISMOS
E.
LOS SUSTENTOS
TECNICO-LEGALES
F.
LA SOLUCION
G.
LAS PERSPECTIVAS FALLIDAS
CAPITULO II: LA HISTORIA NEGRA DE UNA PRIVATIZACION
A. LOS CONQUISTADORES QUE NO MONTABAN CABALLOS
B.
EL GRAN GOLPE
C.
UN GERENTE FINANCIERO “CESA”
LOS CONTRATOS SECRETOS
D.
EL LEGADO DE VELASCO Y LA
ITT
CPTSA: ¿EMPRESA ESTATAL O
PRIVADA?
E.
LA PRIVATIZACION DE UNA
EMPRESA PRIVADA
“ ¡CPTSA SE VENDE, SI o
SI! “
F.
ESPAÑA, APARTA DE MI ESTE
CALIZ.
Marco H. Paredes Gálvez
PRESENTACION
A mediados de
1970, después de haber egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica y culminado de tramitar todos mis papeles en la Universidad Nacional
de Ingeniería, me encontraba listo para optar los grados académicos inmediatos
que me correspondían: el de Bachiller en Ingeniería Mecánica y Eléctrica y el
de Ingeniero Mecánico Electricista.
Fue en
octubre de ese mismo año, cuando me sorprendí mirando una vitrina de la
facultad, en donde la recientemente expropiada -o nacionalizada- Compañía
Peruana de Teléfonos S.A., CPTSA, ofrecía trabajo a ingenieros Mecánicos
Electricistas recién egresados. Para ese entonces yo venía de una muy corta
pero amarga experiencia laboral en la Marina de Guerra del Perú, como oficial
asimilado, a la par que había intensificado mis actividades como profesor
preuniversitario en el campo de las matemáticas. No lo pensé entonces demasiado
y a los pocos días estaba dando mis exámenes y entrevista de ingreso en la muy
conocida CPTSA.
Después de
someterme a los fastidiosos rigores de una selección, un día 3 de noviembre de
1970 ingrese al vetusto pero señorial local central de la CPTSA ubicado muy
cerca de la también histórica Plaza San Martin. Empecé a trabajar -recuerdo-
como ingeniero de tráfico. Mas concretamente, mis primeros pasos fueron en la
Gerencia Técnica, Sección Ingeniería de Trafico, Unidad Pentaconta. Ese era el
reino de los ingenieros más duchos y expertos, y ahí estaban Oswaldo León,
Walter Carranza y Nereo Sánchez, con Rubén Urrunaga a la cabeza y, más arriba
aun, el omnipotente Don Juan Chamochumbi Gutty y el venerado e intocable Ing.
Don William Trimbath. Todos ellos, de alguna forma valiosos, aunque modestos,
hitos en la historia de las telecomunicaciones en el Perú.
Atribulado por la maraña de planos de equipos y maquinarias, que me obligaban a estudiar y articular conocimientos, no podía imaginarme que mi estancia por esos lares duraría 24 años y que en ese ínterin me daría tiempo para pasar por todos los cargos de supervisión y, a la postre, convertirme en Director y Gerente General de esta empresa. Claro, no todo fue color de rosa: sufrí los embates represivos tanto en el segundo régimen de Belaunde como en el primer gobierno de Garcia. En ambos casos fui expulsado de la empresa, aunque no por el tiempo que muchos hubiesen deseado; regresé siempre con los bríos polémicos renovados. Esa fue mi lección de vida. Un 30 de setiembre de 1994 me “renunciaron” con mi aceptación y me fui a trabajar a Naciones Unidas cargado de una gama de vivencias y experiencias que -ciertamente, pensé- daban para escribir algo.
Y aquí estoy, tratando de llevar al papel lo más importante de muchos años de mi vida profesional, transcurridos en un lugar que no solo me facilitó mi existencia a través de un honesto trabajo, sino que también me dio vida y me enseñó que cuando hay compromiso, se es también participe de la historia.
La historia de las telecomunicaciones en el Perú es antigua y data desde marzo de 1857 con la instalación del primer cableado telegráfico entre Lima-Callao y Lima-Cerro de Pasco. La historia a narrar, abarca solo el periodo 1967-2000, con especial énfasis en el lapso 1970-1994.
Solo con el ánimo de ordenar la secuencia e
importancia de los hechos, en esta presentación estamos optando por hablar de
tramos, etapas o periodos.
El primer tramo, 1967-1970, fue un periodo de reivindicaciones. Lo
destacable en esta etapa fue la apropiación de la CPTSA que realiza Velasco
Alvarado en 1968, así como los esfuerzos que hasta 1970 se realizaron para establecer
y consolidar las empresas nacionales de telecomunicaciones, factor que en esas
épocas era considerado de verdadero valor estratégico para la seguridad nacional.
En esos años la telefonía estaba diseminada en una serie de pequeñas empresas
locales a lo largo del país. Su conjunción y fuerza se lograría a través de la
labor tenaz de un Director General de Telecomunicaciones de ese entonces: el Gral.
German Parra Herrera. Parra, con su polémico, pero honesto estilo, llevó a
consolidar a ENTEL-PERU (la Empresa Nacional de Telecomunicaciones) como la
empresa nacional explotadora de los servicios de telecomunicaciones en todo el Perú,
excepto Lima; y a la CPTSA (la Compañía Peruana de Teléfonos S. A.) la más
grande, aunque servía tan solo a la provincia de Lima.
En el segundo tramo es un periodo de asentamiento. Hablamos del periodo 1970-1990. En este se analiza el desarrollo de la CPTSA respecto a su constitución y gestión. Comprende el estancamiento experimentado después de Velasco, el desentendimiento en el periodo de Belaunde y los cautelosos -pero decisivos pasos - dados por Garcia para concretar lo que él llamó la “democratización” de la CPTSA, que en la práctica no era más que la concreción de la idea de Velasco.
Finalmente, desde marzo de 1990 hasta febrero de 1994, se entró en el tramo más grave y polémico de la CPTSA. Fue un periodo oscuro y vergonzoso. Comienza en enero de 1990 con la disposición gubernamental para la instalación de la primera Junta General de Accionistas de los verdaderos propietarios de la CPTSA, los abonados accionistas; y termina en febrero de 1994, con la oprobiosa venta de la CPTSA a una empresa transnacional española.
De lo que vino después de 1994, no siendo ya más un testigo presencial, se habla muy poco. Sin embargo, a partir de 1999, cuando regresé al país y cuando ya la trasnacional española, en complicidad con el tirano de turno, habían esquilmado los bolsillos nacionales, se reanudó un tanto la historia. Fue un periodo de abusos y saqueos. Por esos años tuve a mi cargo una empresa de telecomunicaciones que daba servicios a la transnacional Telefónica y viví de cerca una serie de estropicios de toda índole, perpetrados por estos. Satisfechos y con una vana seguridad que pronto los desestabilizaría, aunque no del todo, es que Telefónica -al estilo de las empresas bananeras centroamericanas- se sintió dueña del Perú y dieron origen a una serie de atropellos y hechos que oscilaban entre lo ilegal y delincuencial y que duran aun hasta nuestros días.
Inicié esto
con la idea de ceñirme, lo más posible, a hechos objetivos basados en el
desarrollo tecnológico de las empresas de telecomunicaciones en el Perú durante
los diferentes periodos mencionados. Ansiaba relatar, por ejemplo, el impacto
en el Perú y en la CPTSA, de la evolución del mundo analógico al digital de los
años 80; o el advenimiento de la tecnología móvil celular y su trascendencia en
el Perú de los 90. Sin embargo, confieso, la crudeza de los hechos vividos,
moralmente me obligaron a verter -bajo mi particular óptica- un riguroso testimonio
presencial, que en esencia devino en un relato más histórico que técnico. El
resultado fue esto y pido disculpas si no satisfago expectativas talvez
prometidas.
No ha sido
mi animo acusar a nadie, menos me siento juez para enjuiciarlos por lo que
hicieron o no hicieron. Me circunscribo solo a narrar, con la máxima
objetividad posible, los hechos que me tocaron observar, vinculándolos con los
protagonistas cercanos, ya sean personas o entidades. Lo nefasto -o
exculpatorio- de estas vinculaciones estarán en la conciencia de los mismos y -
en todo caso- los hombres o la historia los juzgarán en su momento.
Marco H. Paredes Gálvez
PROLOGO
CAPITULO I: LA DEMOCRATIZACION DE LA
CPTSA
A.
EL
PRINCIPIO
Don Carlos Carrillo Smith cifraba ya unos venerables
setenta y tantos años cuando lo conocí allá por 1989. Los años no parecían
pasarle factura y se movía tanto física como mentalmente con una agilidad
inusual para su edad. Se consideraba más chalaco que el Sport Boys, pero al mismo
tiempo gustaba de enfatizar su origen alemán. Contaba a quienes querían
escucharlo que su padre era un inmigrante alemán que arribó al Perú por el
puerto del Callao a principios del siglo pasado, y que cuando en aduanas le
preguntaron por su apellido él dijo “Schmitz”, pero se lo tradujeron como Smith
y ahí quedó.
Don Carlos en esos años todavía conservaba frescos
todos sus pergaminos que le otorgaron una solvencia política y social en el
Perú de los años cincuenta y sesenta. Era abogado y había sido catedrático en
la Universidad Católica del Perú. Desde 1950 y hasta 1958 había sido Secretario
General del Jurado Nacional de Elecciones y en el mismo 1958 fue nombrado
Ministro de Gobierno y Policía por el partido Movimiento Democrático Pradista,
MDP, en el régimen del presidente Manuel Prado Ugarteche. En 1963 y hasta 1968
fue elegido senador por su querido Callao en donde fundaría la Universidad del
Callao, terminando ese periplo como Vice presidente de la Cámara de Senadores.
Su último protagonismo público conocido en esos días era sorpresivo y se dio
cuando en 1980 se presenta como candidato a la Presidencia de la Republica en
una curiosa alianza que llevaba como candidata a la Vicepresidencia a nada
menos que la esposa del Gral. Manuel Odría, ex presidente y dictador del Perú.
De todo este periodo, Don Carlos solía decir que de lo que más se jactaba era
el tener el récord de interpelaciones parlamentarias mientras fue Ministro de
Gobierno y Policía, cuando sus enemigos políticos lo interpelaron 52 veces sin
poder hacerle nada. Se auto perfilaba así, como un luchador nato y de éxito.
En 1983 el Dr. Carlos Carrillo había solicitado al
Colegio de Abogados de Lima un pronunciamiento acerca de la situación de los
abonados accionistas de la CPTSA. La Comisión Consultiva de Derecho
Constitucional de dicho Colegio, a través de su Presidente -el ilustre escritor
y abogado, el maestro Dr. Luis Alberto Sánchez, se pronunció por la
inconstitucionalidad de la representación de las acciones de los abonados por
parte del Estado
Estas eran las cartas de presentación del Dr. Carlos
Carrillo Smith cuando una mañana de un frio día de octubre de 1989 se presentó
a las puertas de Palacio de Gobierno para sostener una entrevista pactada con
el joven presidente del Perú de ese entonces, el Dr. Alan Garcia Pérez, en el poder desde
1985. Ya, desde el 6 de octubre de ese año, el Ing. Oswaldo Morán Márquez era
el Ministro de Transportes y Comunicaciones y quien escribe -accidentalmente-
su asesor y una especie de Gerente Central de Operaciones de la CPTSA en el
exilio, desplazado por rebeldía con los políticos de turno.
Lo tratado y resuelto en esa reunión tenía dos
versiones concordantes. La del Ministro Morán, que se suponía informada por el
propio Presidente, y la del mismo Dr. Carrillo. En concreto: Don Carlos había
sustentado ante el Presidente Garcia -y
este en principio habría aceptado- la necesidad que de una vez por todas, se
normalice la tenencia de acciones de los abonados de la Compañía Peruana de
Teléfonos S.A.( CPTSA), las cuales les habían sido otorgadas desde 1970, merced
a una deuda asumida por los mismos, a raíz de la nacionalización de la CPTSA;
deuda que ya había sido ampliamente
saldada; pero que, pese a esto, los sucesivos gobiernos, desde esa época,
habían asumido ilegítimamente su representación, privando a los abonados
telefónicos -los verdaderos propietarios de estas acciones- el real ejercicio
de sus derechos al gobierno de la empresa y al amplio goce de los beneficios
económicos inherentes.
Lo
que no sabía el Dr. Carrillo era que para al presidente García la situación de
la CPTSA, era un clavo en el zapato que lo preocupaba, aún más, desde que
asumió el gobierno. Dentro del lote de empresas estatizadas, que habían
heredado todos los gobiernos posteriores a Velasco Alvarado, la CPTSA
constituía un caso atípico: en la práctica era una empresa estatal, pero realmente era una empresa privada. Lo de
estatal venía por el hecho de que era manejada por el Estado y por haber sido
expropiada a una empresa transnacional; y lo privado porque los dueños de la
gran mayoría de las acciones eran personas naturales, los propios abonados del
servicio telefónico. Desde 1985, el Ministro Murguía, pasando por los también
Ministros de Transportes y Comunicaciones, Parra, Maury, Carrillo Gómez,
Heysen, hasta Morán -todos ellos- habían sido receptores de esta preocupación
presidencial, respecto a la situación irregular que acontecía en una de las
empresas de su sector. Sin embargo, parece ser que el único en reaccionar
proactivamente fue el Ministro Oswaldo Morán. Este ya había hecho su trabajo.
No solo había también consultado con reputados constitucionalistas la
posibilidad de que cerca de 320,000 abonados asuman el control de la CPTSA,
sino que había logrado también el apoyo de la bancada opositora del Congreso,
el PPC, representado por el Dr. Antero Flores-Araoz con el visto bueno del Dr.
Luis Bedoya Reyes presidente del partido. El gran problema se centraba entonces
en el “cómo hacer” para que esos miles de accionista se constituyan en una
Junta General de Accionistas -apropiada en número- con el fin de que esta los
represente y nombre sus autoridades. Mas tarde, el mismo Morán, habría esbozado
la idea de la posibilidad de hacer un “sorteo” para salvar este impase.
Don Carlos Carrillo habría sido un tanto retado por el
Presidente Garcia, quien en ningún momento escatimó el potencial de su ayuda y
más bien la aprovechó, en beneficio de todos. A cambio de su apoyo y
consentimiento debería crear el ambiente político propicio para este paso, a la
par de colaborar en la ejecución de un Plan de Acción a cargo del Ministro Morán.
A Don Carlos se le ocurrió rodearse de gente que estuviera claro en esta
situación y que gozara de cierta experiencia testimonial del problema. Es así
como informalmente nos convocó a varios profesionales y dirigentes tanto de
CPTSA como de ENTEL, aunque estos últimos eran prácticamente ajenos al asunto.
Por otro lado, más antes, una tarde de ese mismo mes
de octubre de ese año de 1989 el flamante Ministro Ing. Oswaldo Morán, convocó
de urgencia a sus asesores para comunicarnos que el Presidente de la República
lo había llamado para darle luz verde para ejecutar lo que ya suponíamos y que
el Presidente bautizó como la “Democratización de la CPTSA”. La variante era
que le había dado como plazo hasta fines del año para hacerlo. Es decir,
teníamos menos de tres meses para ejecutarlo. El Ing. Morán, muy efectivo y
decidido, no lo pensó dos veces y procedió de inmediato a nombrar oficialmente
dos Comités de Trabajo. Uno de carácter técnico y operacional, llamado Comité
Técnico y otro que se denominó Comité Consultivo, más de naturaleza legal. Mas
tarde, los primeros días de enero de 1990, estos Comités serian formalizados
por sendas Resoluciones. Nos tocó colaborar en la parte técnica y para la parte
consultiva y legal, entre otros, se convocó al Dr. Emilio Cassina Rivas un muy
reconocido abogado, ex trabajador técnico de base de la CPTSA, así como ex
Gerente Legal y ex Gerente General de la misma. Don Carlos Carrillo seguía, con
insistencia, en su papel de crear el clima adecuado con declaraciones en todos
los medios de difusión que estaban a favor, o en contra, de esta medida.
La democratización
se define como un proceso de transición política de un tipo de régimen a otro,
en este caso a una democracia. Una transición política se origina por medio de
un conflicto, el cual puede ser de valores o de intereses. En el primer caso se
va a verificar un cierto grado de violencia para lograr el cambio, mientras que
en el segundo se utilizan numerosas normas o reglas. Una transición política de
un gobierno autoritario a uno demócrata es llamada democratización.
La CPTSA alrededor de 20 años soportó el ilegitimo
autoritarismo de Estado; la transición hacia el gobierno democrático de sus
miles de legítimos propietarios era pues un proceso de democratización. Era un conflicto de valores e intereses que se
resolvió sin violencia, pero con el auxilio de varias normas legales y
constitucionales vigentes. Entendemos que ese fue el marco que el Presidente
Garcia consideró para denominar a este proceso como “La Democratización de la CPTSA”. El Presidente Garcia con este
hecho dejó una huella imborrable en la
historia del Perú; en la historia de las Telecomunicaciones y en la de la
misma CPTSA. Con la eficiente actuación de su Ministro de Transportes y
Comunicaciones, fue -de lejos- el logro más destacado en las postrimerías de su
gobierno.
El ultimo Ministro de Transportes y Comunicaciones de
Garcia fue el Dr. Augusto Valqui Malpica. A él le tocó cimentar lo efectuado y,
sobre todo, el tener que lidiar finamente con un grupo de ex autoridades de la
CPTSA, de procedencia partidaria política, que se consideraban desplazados por
lo que para ellos era un atropello y una maniobra de “la derecha” peruana. El
más conspicuo personaje de este grupo era el último Presidente de la CPTSA,
Jesús Guzmán Gallardo, diligente y reconocido líder político, quien, desde un
principio, defendiendo intereses, mostró su oposición a esta transición que
definitivamente implicaba un relevo de autoridades. Esta actitud lo llevó
incluso a adoptar -posteriormente- medidas censurables contra algunos actores
del proceso, valiéndose de otra posición relevante en la actividad pública, a
donde el gobierno de Garcia lo había destacado. El Ministro Valqui cumplió con
su cometido hasta el final del gobierno de Garcia, en Julio de 1990.
B. EL PROCESO
“La propiedad es inviolable y el estado la garantiza…”
Estos son los primeros conceptos del Articulo 125 de
nuestra Constitución Política que sirvieron de reflexivo sustento para el
inicio del denominado proceso de democratización de la Compañía Peruana de
Teléfonos S.A. ( CPTSA ).
El 14 de enero de 1990 se convirtió así pues en una
fecha memorable para la historia de la CPTSA. Ese día, mediante Decreto Supremo
002-90-MIPRE, el Estado restituyó a los abonados accionistas de la Empresa, el
pleno ejercicio de sus derechos accionarios, encargándosele al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones el cumplimiento de lo dispuesto. Los planes del
Ministerio establecían que a más tardar el 31 de marzo de 1990 la CPTSA
incorporaría en su seno a los nuevos Directores elegidos por sus abonados
accionistas reunidos en Junta General de Accionistas; quienes, junto con los
Directores que le correspondían a los accionistas del Estado y a los
accionistas privados, conformarían así el nuevo Directorio de la CPTSA, los
mismos que posteriormente deberían nombrar a su Presidente, para que después se
nombre al Gerente General de la misma. La intervención del Estado se reducía a
su mínima expresión y los abonados accionistas de la empresa, que desde 1970
-veinte años atrás- habían consolidado su privatización, pasaban ahora a
conducir sus destinos.
Desde 1970, los abonados del servicio telefónico que
presta la CPTSA son poseedores de acciones de la empresa. Participan desde ese
entonces de las utilidades de la empresa, pero jamás ejercieron su derecho al
gobierno de la misma, privándolos así de su legítima propiedad. Esta situación
-injusta e ilegal, por anticonstitucional- fue la principal motivación para
restituir a los titulares de acciones de abonado de la CPTSA, el pleno
ejercicio de sus derechos accionarios.
Los años transcurridos hasta esa decisión estuvieron llenos
de vicisitudes. La CPTSA fue siempre una empresa en poder del Estado desde
1970, incluso antes: desde 1968. Lamentablemente estuvo siempre sujeta al
vaivén de los aconteceres políticos, jamás pudo conducirse con un criterio
empresarial eficaz, eficiente y efectivo. No se puede decir que no hubieron
loables esfuerzos; pero toda política empresarial, todo objetivo estratégico,
toda meta, todo programa, toda previsión presupuestal, eran relegados a un
segundo plano -cuando no desactivados- ante la coyuntura política externa del
momento, que incidía directamente sobre la plana directriz y sus decisiones.
La Planificación fue un concepto venido a menos, se
formulaba solo por disciplina administrativa. Pero: ¿Qué se podía planificar
ante un entorno imprevisible, cambiante y altamente inestable? En esas
circunstancias el corto plazo era simplemente mañana y el largo plazo no podía
existir. Por otro lado, más de dos décadas casi a la deriva; con ultimas
organizaciones que a la postre devenían en penúltimas: con muy estudiadas
directivas y sus subsecuentes fes de erratas… no hacían más que propender el
empleo muy generalizado de la inefable estrategia del “hay que esperar… a ver
qué pasa”. Es decir, la apática incertidumbre presente en casi todo mecanismo
de acción. Algo marcadamente dañino y perjudicial para la Empresa.
Todos estos hechos, unidos quizás a la eterna
preocupación de andar siempre -sin merecerlo- al borde de un abismo económico
de impredecibles consecuencias, gracias a un inconsecuente manejo no técnico de
las tarifas que eran la principal, sino la única fuente de ingresos de la
CPTSA, fueron talvez otros de los aspectos que motivaron la decisión que
comentamos.
Precisemos los hechos con un poco de historia:
El 12 de agosto de1967, la CPT, de propiedad de la
empresa transnacional “International Telegraph and Telephone”, ITT, firmó con
el Estado el primer Contrato de Concesión por 20 años. En dicho contrato se
establecía claramente la participación de los abonados en la propiedad de la
Empresa (Acciones clase “B”), creándose -en la cláusula 40 del Contrato- un fondo para la compra de las
Acciones clase “A” que pertenecían a la ITT.
La firma de
este contrato fue en ese entonces muy criticada y ardientemente discutida en
los niveles políticos del momento. El hecho incluso se vio rodeado de episodios
nada gratos y tenebrosos, como fue la muerte -en circunstancias muy extrañas y
no del todo esclarecidas- del Gerente General de la CPT de esa época, de
nacionalidad belga, quien pereció tras un escándalo político suscitado en el
Parlamento a raíz -precisamente- de la firma del Contrato de Concesión
mencionado.
En octubre de 1968 el Gral. Velasco Alvarado dio su
golpe de Estado y el 25 de marzo de 1970 -en plena dictadura militar- se
produce la celebrada “Nacionalización de la CPTSA”. El Estado gestiona el
dinero necesario y compra para él y los abonados las acciones (Clase “A”) de la
ITT. Los abonados pagarían lo que les correspondería de acuerdo a la Cláusula
40 del Contrato suscrito.
Ese es el
momento en que principia la marginación de los abonados. El Estado decide
arbitrariamente que sea ENTEL-PERU, empresa de telecomunicaciones íntegramente
estatal que servía al resto del Perú con excepción de Lima, quien represente
los derechos accionarios de él y los abonados de la CPTSA. Obviamente, esa no
era una situación óptima para los abonados accionistas.
Tuvieron que pasar varios años para que el Gobierno
Militar, recién en 1976, enmendara un tanto su error al anular el pago por
Acciones Clase “A” establecido en la Cláusula 40 del Contrato de Concesión,
sustituyéndolo por un “fondo de expansión”. En 1982 -ya dentro de un régimen
democrático- el Estado recién toma acción sobre esta decisión y reparte entre
los abonados las acciones clase “A” compradas a la ITT vía Clausula 40,
convirtiéndolas en acciones Clase “B”. Sin embargo, la situación ilegal y de
fondo, no cambiaba.
En 1983, los abonados -ya más enterados- parecen tomar
mayor conciencia sobre sus derechos conculcados. Uno de ellos fue pues el ya
mencionado Dr. Carlos Carrillo Smith. El Dr. Carrillo propició que el Colegio
de Abogados de Lima y reconocidas figuras políticas de entonces, se
pronunciaran para que se “fije un procedimiento legal mediante el cual los
accionistas o usuarios tengan acceso a todos los actos y decisiones que les
compete conforme a ley”.
El Contrato de Concesión firmado en 1967 culminaba en
1987. Dos años antes -en agosto de 1985- según el mismo Contrato de Concesión,
el Estado debía cursar un pre-aviso en el caso de que éste tuviese la intención
de terminar el Contrato. Aquí se abrió un compás de expectativa -con muchos de
nosotros ya como actores- puesto que la fecha límite para el pre-aviso
correspondía al nuevo gobierno que debía entrar en julio de 1985. El nuevo
gobierno -el gobierno del Dr. Alan Garcia- curso el pre-aviso el 1º de agosto
de 1985.
El Estado tenía aun un año más -posterior al
vencimiento del Contrato- para decidir la culminación definitiva del mismo, o
su renovación. En caso de inclinarse por la culminación, el Estado debía
adquirir la totalidad de acciones emitidas. La fecha póstuma era el 12 de
agosto de 1988.
El 12 de agosto
de 1988 se suscribió un nuevo Contrato de Concesión que vencería el 12 de
agosto del 2008.
El lapso entre 1985 y 1988 significó claramente una coyuntura
para el Estado. En este periodo habría sido inconsistente -y ciertamente no
político- el promover el acceso de los accionistas abonados, al gobierno de la
CPTSA, siendo que era perfectamente posible que el Estado adquiera o compre la
Empresa. En este ínterin, incluso, la CPTSA se convirtió en una “empresa de
economía mixta con participación minoritaria del Estado”. Es así como el 11 de
julio de 1986 mediante el DS 223-86-EF, se dispone entre otros, que Inversiones
Cofide S.A. (ICSA) asuma la representación de las acciones de los abonados de
la CPTSA, en lugar de ENTEL-PERU.
Suscrito el nuevo Contrato de Concesión y superada así
la coyuntura existente, el Estado quedaba legalmente libre para promover
cualquier acción en favor de los abonados accionistas, desplazados desde 1967.
Este trozo de historia, de indefiniciones y flagrantes
ilegitimidades, fue otra motivación principal para la decisión tomada por el
gobierno del Dr. Alan Garcia Pérez, el 14 de enero de 1990 a través del DS
002-90-MIPRE, el cual, en definitiva, abrió las puertas para la búsqueda de
soluciones y mecanismos orientados a devolver a los accionistas abonado de la
CPTSA, sus derechos usurpados.
D.
LA
SOLUCION Y SUS MECANISMOS
El 13 de diciembre de 1989, la Asesoría Técnica de
Telecomunicaciones del Despacho Ministerial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, presentó al Ministro Oswaldo Morán un proyecto del “Plan
General para la Transferencia de la Representatividad de Acciones de Abonado de
la CPTSA”. Previamente el Sr. Presidente Constitucional de la Republica había
anunciado públicamente su intención de “democratizar” la CPTSA.
La
“democratización” de la CPTSA en la práctica significaba dejar sin efecto el DS
223-86-EF de julio de1986, en la parte que establecía que ICSA ejerza en la
Junta General de Accionistas de la CPTSA la representación de las acciones de
propiedad de los abonados; a la par que transferir la representación de estas
acciones a sus legítimos propietarios: los abonados del servicio telefónico.
Hasta ahí la intención y su base legal eran
meridianamente claras. Lo que podía suscitar diferentes opiniones y ser materia
de análisis y discusión, era el método o proceso para lograr en la practica el
objetivo, así como el marco legal de soporte de dicho proceso.
El DS 002-90=MIPRE del 14 de enero de 1990 recoge,
estimo, todos estos conceptos. En este se estipula claramente:
- La decisión de restituir a los titulares de acciones de abonados
de la CPTSA, el pleno ejercicio de loa derechos accionarios que les
corresponden en los órganos de gobierno de la Empresa.
- La creación de dos comités para estudiar el proceso a seguir e
implementar la decisión tomada: El “Comité Técnico” y el “Comité
Consultivo”
El Comité Consultivo fue el órgano asesor del proceso
y estuvo integrado por representantes del MTC, de la CPTSA, de ICSA y de los
Colegios de Abogados, Ingenieros y Economistas.
El Comité Técnico fue el encargado de analizar,
proponer y/o ejecutar, en su momento, las soluciones que se estudien y estuvo
integrado por representantes del MTC, de la CPTSA y de la Comunidad de
Telecomunicaciones. Por decisión del Ministro Morán, a este Comité se incorporó
también la representación del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Peruana
de Teléfonos. Esto último fue una gesta de la representación sindical, al
lograr dar el paso para que los trabajadores sindicalizados -aparte de los
trabajadores comuneros- logren posteriormente presencia en los órganos de
gobierno de la Empresa.
El Comité Técnico formuló una serie de planteamientos,
los cuales, con posterioridad, después de sendas reuniones sostenidas con el
Comité Consultivo, donde se intercambiaron puntos de vista y se introdujeron
algunas modificaciones y/o adiciones, fueron aprobados por consenso a nivel
Ministerial el 16 de febrero de 1990, quedando pendiente la promulgación
oficial de algunos de ellos. Estos documentos fueron:
- Informe del Comité Técnico. Documento de sustento de la solución propuesta.
- Proyecto de Decreto Supremo. Dispositivo legal que promulga y regula la decisión procesal
adoptada.
- Proyecto de Resolución Ministerial. Disponiendo las convocatorias a las Juntas Especiales de Socios
para nominar Directores de la Empresa y sus regulaciones.
- Proyecto de Resolución Ministerial. Aprobando y promulgando el reglamento de sorteo transitorio para
designación de 85 representantes de los abonados a las Juntas Especiales y
la Junta General de Accionistas de la CPTSA.
De esta manera entonces, la solución procesal adoptada
pasaba por las siguientes etapas:
- Los sustentos legales y técnicos
- El sorteo transitorio
- La solución general.
E.
LOS
SUSTENTOS TECNICO-LEGALES
A inicios de 1990 la CPTSA contaba con aproximadamente
320,000 abonados. Al 31 de diciembre de 1988 habían alrededor de 120 millones
de acciones, de las cuales el 70% eran de la Clase “B” de propiedad de los
abonados. Los restantes 20% y 10%, eran acciones Clase “A”, que pertenecían al
Estado y a los inversionistas privados, respectivamente.
La Empresa emitía un “Certificado de Acciones” nominal
y numerado, por cada abonado accionista. El valor nominal de cada acción era de
I/. 0.25 (Intis, moneda de 1990). Cada Certificado -dependiendo del valor
pagado al momento de acceder al servicio telefónico- significaba una cantidad
determinada de acciones. Estas acciones, incluso, podían incrementarse al final
de cada ejercicio por efecto de los resultados obtenidos. Es decir: cada
abonado era poseedor de un número de acciones, normalmente diferentes en cada
caso.
Asimismo: las transferencias por cesión contractual
(las denominadas “ventas” de teléfonos), los cambios autorizados de titularidad
(cambios de nombre), los traslados pendientes (traslados no atendidos, pero con
el servicio entregado a la Empresa) y otros como la libre compra/venta de
acciones en la Bolsa de Valores, originaron dos variantes: los abonados sin
acciones y los accionistas no abonados. Es decir: no todo abonado era
accionista ni todo accionista era abonado.
Si a todo esto le agregamos la no disponibilidad
inmediata, en ese entonces, de una información confiable, completa y
debidamente ordenada en todas sus variantes, era explicable la imposibilidad
física de efectuar un proceso sin objeciones y dentro de los plazos fijados. Lo
inobjetable hubiese sido un proceso de designación de representantes donde cada
acción significase un voto, realizado dentro de un plazo que no debería exceder
los 60 días, a partir del 14 de enero de 1990, según Resolución
Ministerial.
Por otro lado,
los derechos y obligaciones de los propietarios de una empresa -los
accionistas- estaban regulados por la Ley General de Sociedades, vigente en esa
época. Esta Ley establece que los derechos de los accionistas deben ser
ejecutados a través de las Juntas, las mismas que pueden ser “Juntas Generales”
o “Juntas Especiales”. La Ley establece asimismo que en dichas Juntas la
votación es por acciones.
Sin embargo, la Ley no prevé -no tendría porqué
hacerlo- como hacer, si es que así lo desearan, para que 300 mil o más
accionistas, ejerzan sus derechos en una Junta. La imposibilidad física era
nuevamente evidente. La legislación prevé el acreditamiento mediante el mandato
formalizado a través de poderes, a fin de evitar, por ejemplo, la concurrencia
del titular de las acciones a una Junta. Pero si esa modalidad no fuese
adoptada por la totalidad de los accionistas abonados, o si todos ellos otorgan
dispersados los poderes a los que tienen derecho, estaríamos frente a la misma
dificultad que si los propios titulares concurriesen a las Juntas. Este tipo de
situaciones quizás podrían estar previstas en una Ley de Accionariado Difundido
que lamentablemente no existía.
Para solucionar esto era pues necesario que los
abonados accionistas ejerzan sus derechos en las Juntas Generales o Especiales,
mediante representantes elegidos por votación o en su defecto -si esto no fuese
factible- por cualquier otro medio apropiado. Se pensó en la designación por sorteo.
Si bien el procedimiento por sorteo era rápido, fácil
y económico, sus resultados eran totalmente aleatorios. Las ventajas que se
podían obtener se enfrentaban a resultados de potenciales representantes no
idóneos. Sin embargo, frente a este razonamiento se podía argumentar que si
todos los abonados -o casi todos- eran accionistas y todos eran iguales ante la
ley, podría inclusive ser más democrático el designar a sus representantes por
sorteo; agregando además el hecho de que la posibilidad de obtener por este
método representantes no idóneos era muy baja, ya que un estudio socio-
económico realizado para el universo de abonados de la CPTSA revelaba que, en
la composición probable de representantes, el 92% de estos serían de nivel
socio-económico “medio” hacia arriba, y que el 67% serian de nivel “medio-alto”
y “alto”.
Aun así, ante estas alternativas -sin descartar el
sorteo- era innegable que la votación directa, universal y secreta, era el
proceso más democrático para elegir estos representantes y así fue establecido.
Se trataba de conjugar las posibilidades de la ley con las características de
la solución planteada – que era sui generis- para determinar que la votación en
la elección de los representantes de los abonados accionistas ante las Juntas
Generales y Especiales, se haría por abonado. Es decir: un abonado un voto.
Asimismo, los representantes que resulten elegidos ejercerían en las Juntas sus
respectivos derechos accionarios en la forma que la ley señalaba: una acción un
voto.
Parecía razonable que la implementación de este método
(la votación) se implementase como un procedimiento normal a verificarse en el
plazo de un año. Empero, para el primer e inmediato periodo, si se quería
implementar la democratización en forma real a partir de la Junta General de
Accionistas de marzo de 1990, la designación de los representantes tendría que
hacerse por sorteo, como un paso transitorio. Así finalmente quedó establecido.
Los diferentes tipos de accionistas de la Empresa
deberían reunirse para tomar decisiones de cierta magnitud en la Junta General
de Accionistas. En esta Junta, los abonados accionistas serian representados
por los abonados por ellos elegidos. Las Juntas Generales eran Ordinarias o
Extraordinarias. La Junta General Ordinaria se celebraría una vez al año en el
mes de marzo. Las Juntas Extraordinarias podían ser convocadas en cualquier
momento de acuerdo a las condiciones señaladas en el Estatuto de la CPTSA.
La Junta General de Accionistas era el órgano superior
de gobierno de la Empresa. El cargo de representante de los abonados ante la
Junta General era por tres años, podía ser reelegido y era remunerado e
indelegable.
La Ley General de Sociedades establecía que cuando
existan diversas clases de acciones, los poseedores de estas pueden reunirse
separadamente en Juntas Especiales a fin de tratar, previamente, los asuntos a
contemplar en la Junta General que afecten los derechos de cualquiera.
Así, los accionistas Clase “A” (privados), Clase “B”
(abonados), Clase “C” (Estado) y Clase “D” (trabajadores) se reunirían por
separado en Juntas Especiales, en forma previa a la celebración de la Junta
General. Los trabajadores lo harían en su oportunidad. La finalidad era elegir
a los miembros del Directorio que les correspondía de acuerdo a su capital
accionario.
Los representantes elegidos por los abonados -en esta
oportunidad designados por sorteo- alcanzarían el numero de 85. Ellos eran los
que elegirían a los que representen a los abonados en el Directorio de la CPTSA
y esta elección se haría en la Junta Especial de Accionistas Clase “B”.
El primer Directorio de la CPTSA democratizada estaría
pues integrado por 11 Directores, incluyendo a los 2 Directores de la Comunidad
de Telecomunicaciones que eran nombrados por su Consejo Directivo. Para ser
Director no se requería ser accionista ni representante de los abonados ante la
Junta General. La permanencia en el cargo de Director, por esta primera vez,
sería de un año. Posteriormente, la nominación sería por tres años.
El Directorio, en su primera sesión, elegiría de su
seno al Presidente del Directorio, en caso de que la Junta General no lo
hubiese designado. Asimismo, elegiría al Gerente General.
De acuerdo al capital accionario de cada grupo de
accionistas -en ese entonces- el primer Directorio de la CPTSA tendría la
siguiente composición:
- 6 directores nominados por los accionistas abonados.
- 2 directores nominados por el Estado.
- 1 director nominado por los accionistas privados.
- 2 directores nombrados por la Comunidad de Telecomunicaciones
Por otro lado, la idea del “sorteo” transmitida -y ya
debidamente fundamentada- por el Ministro Morán, establecía que los
representantes que participen en las Juntas Especiales de 1990 y las Juntas
Generales del mismo ejercicio, serían designados por esta única vez mediante
sorteo público con fe notarial y ejercerían su mandato por el lapso de un año.
A pedido del Colegio de Ingenieros del Perú,
previamente a este sorteo, se realizaría un pre-sorteo para designar, entre los
mismos abonados, a 6 veedores que actuarían como testigos del sorteo previsto.
Estos 6 veedores se complementarían con otros 4 adicionales que serían
trabajadores de la Empresa nominados por la Comunidad de Telecomunicaciones y
el Sindicato Único de Trabajadores.
Los representantes sorteados serían designados por
zonas geográficas correspondientes a las áreas de influencia de las Centrales
Telefónicas Automáticas, principales o satélites. Así:
- Por Centrales de hasta 5000 líneas se designaría 1 representante.
- Poe Centrales de hasta 10,400 líneas se designarían 2 representantes.
La CPTSA contaba en ese entonces con 26 áreas de
influencia (o Centros de Alambres). Estas áreas estaban servidas por 49
Centrales Automáticas (3 satélites con la misma serie) que totalizaban 47
series telefónicas. Si se aplicaba la regla anterior, las 395,756 líneas
instaladas (capacidad instalada), repartidas en las diversas áreas, establecían
un total de 85 representantes.
El sorteo, aparte de designar a los 85 representantes,
también designaría por el mismo método a los suplentes de cada uno de estos, y
2 de reserva.
Los 85 representantes serían los que asistirían a la Junta General y a la Junta
Especial de accionistas Clase “B”, eligiendo en esta última a los 6 Directores
que representarían a los abonados accionistas.
En febrero de 1990 se llevó a cabo el sorteo para
designar a los representantes de los abonados accionistas de la CPTSA. El
evento se llevó a cabo en el Auditorio del Banco Continental, bajo la
conducción de la institución “Ramo de Loterías de Lima y Callao” de reconocido prestigio
y solvencia.
En marzo de 1990 se cumplió entonces lo tantas veces
reclamado durante tantos años. Lo arduamente trabajado desde octubre de 1989,
cuando se esbozó la voluntad política para hacerlo, y que se haría evidente en
enero de 1990. Lo realizado fue sin dudas un acto de justicia, pero no deja de
ser encomiable la voluntad y decisión expuestas por los actores del gobierno de
esas épocas, sin lo cual este proceso jamás podría haberse realizado.
G.
LAS
PERSPECTIVAS FALLIDAS
La CPTSA en esos momentos estaba ad-portas de
convertirse en una empresa realmente privada, con características de
accionariado difundido. Los que los vivieron y añoraban los años solidos de
antaño -según muchos- se verían ahora complacidos.
Sin embargo, no era dable permanecer en la ilusoria y
pasajera fiesta del triunfalismo de las realizaciones trascendentes. Para el
pueblo peruano, el gobierno de la CPTSA no debía convertirse en un presente
griego ni en una victoria pírrica. La responsabilidad que en comunidad -abonados,
estado, accionistas privados y trabajadores- tendrían que asumir, era
tremendamente importante y gravitante no solo para el futuro de la CPTSA, sino,
incluso -y quizás esto sea lo más importante- en lo que bien podría haber sido
el advenimiento de nuevas empresas similares en el país.
Sin proponérselo, la CPTSA se había convertido en una
especie de pionera o -si se prefiere- en un ratón de laboratorio, sobre el cual
se centrarían millones de ojos para observar sus reacciones y medir su desempeño.
Lo conseguido planteaba ventajas evidentes, pero
también retos muy concretos, como:
- No más tutela y protección estatal, pero también no más
interferencia externa -técnicamente cuestionables- en las decisiones de la
Empresa
- Vigencia de tarifas justas y técnicamente concebidas, a fin de
sustentar reinversiones y créditos internacionales solventes.
- Respeto a la eficiencia, la eficacia, la productividad y la
meritocracia personal, sin ningún tipo de distingos, influencias y/o
marginaciones subalternas.
- Concordancia de todos estos valores personales con los niveles
remunerativos referidos al mercado.
- Implementación de Planes de Desarrollo concebidos sin más
parámetros que la ciencia, la experiencia y la imaginación.
- Ejecución de los planes y proyectos con conocimiento, valor,
audacia, disciplina y entreguismo.
- Concepción del Estado como un gran ente normalizador y regulador
de sus actividades, sin injerencia alguna en la marcha rutinaria y
administrativa de la Empresa.
Se trataba simplemente, en realidad, de brindar un
buen servicio. Buen servicio en términos de atención comercial, atención de
reparaciones e instalaciones. Buen servicio en términos de atención oportuna de
la demanda de servicios, sobre la base de expansiones correctamente definidas,
realizables y empáticamente conducidas.
Muchos esperaban ver en ese momento a la CPTSA como
protagonista de la superación del subdesarrollo telefónico y de las
telecomunicaciones en general, en el que estaba sumida la gran Lima de ese
entonces. Esperaban quizás que Lima, de una vez por todas, dejase de ser la
capital latinoamericana con el más bajo índice de densidad telefónica
(teléfonos por cada 100 habitantes) comparable solo con algunas capitales
africanas.
Probablemente esperaban que fuese la democratizada CPTSA
la que sobre la base del capital y el trabajo armonizados, contribuya a generar
la confianza necesaria que propiciase la
voluntaria repatriación de los recursos, no solo económicos, sino también humanos, en atención a aquellos
que en algún día de esas épocas, cansados y atribulados por la falta de
oportunidades, simplemente decidieron emigrar al exterior y trasladar sus
esfuerzos y conocimientos a empresas de telecomunicaciones más sólidas y
organizadas.
En suma: como decían los compañeros antiguos y añejos;
“en la CPTSA todo tiempo pasado fue mejor”. Sin embargo, si se quería estar a
la altura de esas circunstancias, todo tiempo presente tendría que haber sido
por lo menos igual, sino mejor, que el pasado.
Finalmente: la primera Junta General de Accionistas de
la CPTSA democratizada, nombró al Dr.
Carlos Carrillo Smith como su primer Presidente del Directorio.
Posteriormente el Directorio nombró al Dr.
Emilio Cassina Rivas como Gerente General de la CPTSA.
El renacer de la CPTSA fue duro y lleno de trabas.
Pero estas se hicieron más evidentes con el fragor político partir de julio de
1990, con un gobierno que no entendía el carácter democrático de lo realizado y
especulaba sobre la base del poder perdido en una Empresa que aún era catalogada
como una “estratégica y de seguridad nacional”.
Aun así,
impulsados por una nueva mística, a partir de ese periodo se concretaron
proyectos muy importantes como la Telefonía Móvil Celular (CPT-Celular) y la
Televisión por Cable (Cable Mágico), proyectos realizados que -en su aspecto
más vil- lamentablemente solo contribuyeron a hacer que la CPTSA sea un bocado
más apetecible a los ojos de propios y extraños.
Este espíritu prevaleció hasta abril de 1992 cuando se
volvió a violar la Constitución con un nuevo golpe de Estado el cual, poco
tiempo después, deshizo todo lo actuado y vendió a la CPTSA en un acto infame,
deleznable y oscuro…pero esa es otra historia y la narraremos más adelante.
CAPITULO II : LA HISTORIA NEGRA DE
UNA PRIVATIZACION
A. LOS CONQUISTADORES QUE NO MONTABAN
CABALLOS
La década del 90 puede muy bien ser conocida
como la década de las privatizaciones. Las principales empresas estatales,
otrora botín de los gobiernos de turno, pasaron a ser conducidas por sus nuevos
dueños, generalmente conocidas empresas transnacionales asociadas con una
mísera cuota de influyentes empresas nacionales. El objetivo era aparentemente
y a todas luces, irrechazable: hacer de estas empresas entidades eficientes,
convirtiéndolas en productivas herramientas del desarrollo; generando riqueza,
trabajo, calidad en sus productos, disminución de sus altos precios y tarifas,
y – fundamentalmente- un alivio en la
pesada carga económica al estado por las pérdidas que éstas persistentemente
arrojaban. Todo esto, dentro de un ambiente de economía de mercado y de libre
competencia, en donde el estado intervenía tan solo como un regulador.
Sin embargo,
no todo fue como se pensó. La mayoría de las empresas privatizadas convergieron
en acciones exactamente contrarias a los objetivos. Se generó una riqueza que
pasó a alimentar las arcas de la banca extranjera ante la mirada cómplice de
aquellos que pensaron en reinversiones y mejoras laborales y económicas. Se
despidieron a miles de trabajadores para sustituirlos por subempleados,
agudizando el problema laboral a nivel nacional. Los precios y tarifas de los
productos o servicios de estas empresas subieron exponencialmente; y el estado,
de regulador, se convirtió en simple observador al servicio de los grandes
capitales depredadores de nuestra riqueza interna.
¿Aumentó la
eficiencia de estas empresas privatizadas? Relativamente sí, pero a un costo
social muy alto que terminó desprestigiando el concepto de privatización a tal
punto que, en esos días, además de los esfuerzos del gobierno para reivindicar
este modelo, fuimos pasibles de una oleada publicitaria a manera de lavado
cerebral proveniente de las empresas privatizadas durante la dictadura. Estas
fueron empresas asociadas en una entidad denominada ADEPSEP (Asociación de
Empresas de Servicios Públicos) dirigida por un ex ministro de la dictadura en
la cartera de Pesquería, Ludwig Meier, inexplicablemente también ex-ministro en
la misma cartera del régimen de transición post-dictadura y alto ejecutivo
-antes y después de ser ministro-, cuando no, de la transnacional TELEFÓNICA DE
ESPAÑA. Esta empresa es emblemática de una privatización desarrollada a
espaldas de los grandes intereses nacionales, en beneficio único de una denostada
clase gobernante coludida con el capital extranjero. Ante un comportamiento
laxo, sino cómplice, del gobierno de turno, no habrían tenido clemencia alguna
para lograr sus propósitos de lucro sin límites.
En efecto,
TELEFÓNICA DE ESPAÑA en 1994 tomó posesión de la ex Compañía Peruana de
Teléfonos S. A. (CPTSA) y de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones del
Perú S. A. (ENTEL-PERU). Todo esto después de una sonada licitación
internacional que tuvo su clímax el 28 de febrero de 1994 en el auditorio
del Banco de la Nación cuando se superaron todos los récords de expectativa de
oferta por línea telefónica a nivel internacional y donde, superado el factor
sorpresa, con los años, la alegría de muchos se tornaría en una desilusión
galopante. Blandidos de un espíritu conquistador, un grupo de españoles, en
representación de Telefónica de España, accedió al control total de CPTSA y
ENTEL ofertando la fabulosa suma de US $ 2,002 millones de dólares; es decir
cuatro veces mas de los US $546 millones estipulados como precio base y más del
doble que su más cercano competidor. Los auspiciosos cinco años de monopolio
absoluto otorgados a TELEFÓNICA DE ESPAÑA bajo el eufemismo de “concurrencia
limitada “y el ambiente político post-autogolpe que se vivía en el país, no
presagiaban nada bueno.
En la
historia de las fechas memorables de la CPTSA, así como se cuenta con un 25 de marzo de 1970 (día de la
nacionalización) y un 14 de enero de
1990 (día de la democratización o restitución), el 28 de febrero de 1994 debería ser
conocido como el día de la vergüenza o del despojo.
B. EL GRAN GOLPE
Si alguien creyó que con estos 2002 millones
de dólares estaban regresando al Perú parte del oro sustraído por los
conquistadores españoles durante la conquista y la colonia, se equivocó de
medio a medio. Por el contrario, esta compra era parte de un golpe mayor. Sería
el mejor negocio hecho por los españoles en territorio peruano a lo largo de
todo el período republicano, vale decir desde 1821 hasta la fecha. El régimen
de Fujimori actuó prestamente con sus corifeos de CPTSA y ENTEL cuyas cabezas
visibles se personificaban en Antonio Paúcar (un contador y mediano empresario
de cierto éxito) y Javier Tovar (un desconocido abogado que sabía solo que el
teléfono era para hablar) y otros que, oscuros, actuaron entre bambalinas.
Estos -por imposición, por ignorancia o por concertación- entregaron a la
telefónica española tanto más que los cuartos de oro y plata pagados por el Inca
Atahualpa para el célebre rescate, que nunca cumplió el conquistador Pizarro.
Para
cualquier mortal con dos dedos de frente resultaba impensable que TELEFÓNICA hubiese
invertido tan exorbitante suma –sin referencia en los anales de las
telecomunicaciones en esta parte del mundo- si no tenía la seguridad de
recuperarla en el más corto plazo posible, aprovechando el beneplácito de la
dictadura de turno; además de los otros 1,200 millones de dólares en
inversiones comprometidas, sin incluir, obviamente, las respectivas ganancias.
En una
economía libre de mercado no hay quien invierta si es que no tiene la seguridad
del retorno de su dinero, incluyendo sus ganancias, en un tiempo conveniente. Y
no había otro lugar de donde sacar ese dinero sino de los bolsillos de los
usuarios del servicio telefónico... ¡y en cinco años!, antes de que llegue la
amenazante competencia a la cual el Gobierno del Dictador -de cuna japonesa- les cerró las puertas con hierro fundido,
convirtiendo al Perú en un país paria para favorecer a sus antiguos
conquistadores que ahora no montaban caballos sino que blandían la aún más
degradante arma de la confabulación cómplice, en un país que se arrastraba
sobre la década más corrupta de su historia. ¿Estaba el Doc. Montesinos en este
grupo?
Tan pronto
como TELEFÓNICA ganó la subasta, a pesar de la sensación de júbilo que
estremeció a los funcionarios del gobierno, algunos -los más honestos, pero
imberbes- dudaron que la empresa española abone la suma pactada. TELEFÓNICA
debía pagar 1,391 millones de dólares por el 35% de las acciones de ENTEL y por
el 20% de las acciones de CPTSA de propiedad del Estado. Los restantes 611
millones de dólares correspondían a la suscripción del 15% de nuevas acciones
de esta última empresa, para llegar al 35% negociado. Estos 611 millones debían
ser dinero fresco y directo. Sin embargo, todo indicaría que ese dinero nunca
llegó a CPTSA y menos al Perú.
C. UN GERENTE FINANCIERO
"CESA"
"LOS CONTRATOS SECRETOS"
En la mañana de un tímido otoño, el 16 de
junio de 1994, se cuenta que un apacible y hasta amigable, pero presuntamente
astuto gerente de finanzas, además de secretario- amanuense del todopoderoso y
casi invisible Ex-Presidente y Director en la ya vendida CPTSA – el contador
Leoncio Andía Ramos- habría desviado el habitual camino de su casa hacia sus
oficinas situadas en la cuadra 11 de la Avenida Arequipa, para dirigirse
acompañado de una inesperada y vigilante compañía, hacia las lujosas
instalaciones del Hotel Las Américas convertido en el cuartel general de los
flamantes nuevos dueños de las telecomunicaciones peruanas. No tuvo que esperar
mucho tiempo. Sus dueños, los del hotel – y ahora ya sabemos quiénes eran-
habrían reservado la más lujosa suite para lo que debía ser un acto memorable:
la recepción de los 611 millones de dólares que le correspondían a la CPTSA
únicamente por la venta del 15% de nuevas acciones y...”su inmediata
devolución". ¿Sabía Andía lo que iba a hacer? El “Hotel Las Américas” estaba
bajo el dominio del “asesor” presidencial Vladimiro Montesinos y había sido
adquirido por la Caja de Pensiones Militar Policial bajo su control.
En efecto,
ese dinero jamás habría entrado al país, pues mediante la operación de
referencia # 940516-020359 fue depositado en el Extenbank de Nueva York a las
11.55 de la mañana de ese mismo día de junio de 1994 para ser transferido a
Lima e inmediatamente devuelto al mismo banco para, apenas unas horas después,
estar de regreso a España de la siguiente manera: 305 millones de dólares al
banco ABNAMR0 y 305.8 millones de dólares al Banco Exterior de España. Nos
imaginamos que los 200,000 dólares faltantes fueron a cubrir los costos
bancarios de la operación, sino a otros fondos inescrutables.
Andía en su
calidad de Gerente de Finanzas tenía los poderes suficientes para autorizar, o
iniciar, estos movimientos desde un fax supuestamente instalado en la
confortable suite a donde se dice fue conducido. La operación de depósito en el
banco neoyorquino habría sido concebida únicamente para que Fujimori -poco
después- pomposamente y con gran cobertura mediática, hiciera el anuncio de que
el Perú había recibido el dinero de la privatización: ¡Los primeros 600
millones de dólares! dijo, ufanándose al máximo ante los medios públicos de
comunicación.
Dos meses
después, el 31 de agosto de 1994, con poco más de 2 años de servicio, el señor
Leoncio Andía era “cesado” en la TELEFÓNICA, algunos dicen que por ¿una falta administrativa?
Lo cierto es que, hasta donde sabemos, el “perjudicado” Sr. Andía fue liquidado
mediante orden de pago No. 020508, con un monto ascendente a la nada
despreciable suma de 255,000 soles; más de 100,000 dólares americanos de esa
época, a pesar de que su paso por la CPTSA había sido casi fugaz. Obviamente que esa operación perjudicó a los
accionistas minoritarios y difundidos de la CPTSA.
Sin embargo,
hubieron aún más cosas de escándalo elucubradas entre idas y vueltas a Palacio,
vía la inefable COPRI (La Comisión de Privatización). Las formas para recuperar
el dinero supuestamente invertido dieron origen a “divertidas” ideas, para no
llamarlas de otra forma más apropiada. Aquí, en el paraíso de la corrupción y
de los ciegos obligados, sin testosterona alguna, todo era fácil y posible. Éramos
indios y éramos cholos en el sentido más lato de la palabra. Así: de acuerdo a
un contrato y con el visto bueno del Gobierno, TELEFÓNICA (España) le cobraba a
TELEFONICA (Perú) por la “gestión” administrativa que la primera hacía en la
empresa que había comprado, aunque ambas eran la misma cosa. Pero no se crea
que esto era poca cosa: Telefónica Perú debería remitir a Telefónica España -por
este concepto- nada menos que el 9% de la utilidad operativa antes de
impuestos. Mismo Colón cuando agasajaba a los Reyes Católicos con el oro
encontrado en su aventura hacia las Indias.
Aún más: como en España se auto proclamaron
líderes de la tecnología mundial de las telecomunicaciones ¿….?, entonces,
adicionalmente, TELEFÓNICA ( Perú ) debía transferir mensualmente a TELEFÓNICA
(España ) nada menos que el 1% de su facturación rutinaria, en virtud de un
dizque contrato de “transferencia tecnológica”. Es decir: ¡Telefónica le pagaba
a Telefónica! Es decir: se pagaba, asimismo. En el fondo, esto no era más que
otra estratagema para sacar impunemente dinero limpio del Perú y “resarcirse”
por cualquier vía de la “tremenda inversión realizada”. Y estos contratos
fueron tan secretos que ni siquiera a los miembros del Directorio quisieron
mostrárselos (no a todos por supuesto), dando tan solo cuenta de los mismos y
reservándose su contenido. Ahora entendemos porqué.
Se estima
que estos “contratos secretos" le rindieron a Telefónica en esos cortos años
después de su asalto, más de 1,000 millones de dólares americanos; es decir,
aproximadamente el 50% de su “tremenda inversión” y solo por esta vía. Vía
ilegal e intolerable, cobrada por ¡administrar su propia empresa! Más tarde o
más temprano, cuando llegue la hora -si es que llega- de revisar los contratos
con Telefónica; a la hora de los destapes, estamos seguros que este aspecto se
disparará como un resorte apretadamente escondido en un cofre resguardado a la
vista de intrusos.
D. EL LEGADO DE VELASCO Y DE LA ITT
CPTSA: ¿EMPRESA ESTATAL O PRIVADA?
Lo beneficioso
en medio de todo este panorama que se contemplaba -ya no tan silentemente- es que,
a fines de 1989, antes de concluir el gobierno del ex Presidente Alan García,
cuando en la práctica -aunque no en los hechos- ya se había concretado
largamente la privatización de la CPTSA, es que éste decide actuar firmemente.
Fue el inconcluso legado de Velazco hecho realidad que bien pudo concretarse en
el gobierno de Belaunde o en cualquier momento antes del primer gobierno de
García Pérez. La acción encomendada por este último al Ministro de Transportes
y Comunicaciones de ese entonces, Oswaldo Morán Márquez; y también, al que lo
sucedió en ese Ministerio como el último Ministro en esa cartera de ese
régimen, Augusto Valqui Malpica -con quienes me cupo la satisfacción de
colaborar cercanamente- consistió en devolverles a sus auténticos propietarios
el gobierno de esta empresa usurpada hasta ese entonces por el Estado. García
Pérez abordó desde un principio este tema y lo culminó al tomar una decisión
que era trascendental y de justicia, mediante el proceso denominado como “La Democratización
de la CPTSA”, ya tratado.
A inicios
del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, en1968, en esa ola desorganizada
de estatizaciones, el gobierno de facto “nacionalizó” la CPTSA. Se procedió a
la expropiación de las acciones de su propietaria: la International Telephone
and Telegraph Co. (ITT), transnacional de oscuros recuerdos por su historial no
muy limpio a nivel mundial, hoy en día desaparecida de la industria de las
telecomunicaciones.
Velasco, sin
embargo, compensó bien a la ITT por dicha expropiación. Además de otorgarles la
franquicia monopólica para el establecimiento de una fábrica: la Fábrica de
Equipos de Telefonía S. A. ( FETSA) que más tarde se vería beneficiada con la
asfixiante prohibición de las importaciones en el sector; se puso en marcha un
millonario contrato de capacitación en telecomunicaciones (INTELPLAN) -que
nadie controló- destinado al entrenamiento de profesionales peruanos en las
empresas subsidiarias de la ITT en el mundo y se les adjudicó asimismo, el
terreno de la cárcel conocida como "la Penitenciaría" o “ El
Panóptico” - frente al Palacio de Justicia- para construir lo que es ahora el
lujoso “Hotel Sheraton”.
Pero lo más
sustancioso, la verdadera expropiación, se verificó cuando el Estado se agenció
dinero del ex-Banco Industrial para compensar con dinero contante y sonante a
la ITT y obligó a todos los abonados de una línea telefónica de CPTSA a
devolver dicho préstamo mediante el pago mensual de una cantidad fija que
figuraba en sus recibos como “ cláusula 40 “ –algo que muy pocos entendían- ,
recibiendo a cambio un paquete de acciones que este había expropiado a la ITT a
nombre de ellos. Esta acción convirtió a CPT automáticamente en una empresa
PRIVADA de accionariado difundido, donde el Estado -por ser también abonado-
ostentaba tan solo el 20% de las acciones de la empresa. Obviamente, el pago
que los abonados tenían que efectuar religiosamente y en forma mensual a través
de su recibo telefónico, no podía ser para siempre.
Sin embargo,
este pago tenía inicio, pero no un final programado, o por lo menos nadie se
preocupó de llevar la cuenta de las amortizaciones mensuales al Banco Industrial.
El pago lo comenzaron a hacer los abonados – antiguos y nuevos- desde 1970 y no
paró sino hasta muchos años después. En el ínterin todos los gobiernos de turno
alegando una serie de pretextos, se adueñaron ilegalmente del 100% de la CPTSA
cuando solo les correspondía como mucho el 20%. Y, a los abonados - los
accionistas mayoritarios- los redujeron a la condición de accionistas de
segunda, ya que posteriormente solo tuvieron derecho al cobro de miserables
dividendos anuales, pero se les negaba su acceso al gobierno de la empresa como
legalmente les correspondía.
Fue así que
en 1989 que el gobierno de García -en sus postrimerías- hizo eco de la voz de
cientos de miles de agraviados y consideró que la retribución de los abonados
al estado ya estaba efectuada. Que el estado no tenía más el derecho de
usufructuar del gobierno y los beneficios de unas acciones que no eran suyas y
que por lo tanto el control de la CPTSA debía pasar a manos de sus legítimos
propietarios: los abonados, otorgándoles a cada uno de ellos las acciones que
le correspondían por los pagos efectuados. Es decir, la CPTSA se ratificó como
una empresa totalmente privada, con accionariado difundido. La primera Junta
General de Accionistas se celebró en marzo de 1990 e inmediatamente después
ejerció el primer Directorio en donde el Estado, de acuerdo a sus acciones,
tenía tan solo 2 representantes de un Directorio conformado por 11 miembros,
incluyendo los representantes de los trabajadores.
En marzo de
1990 quedó pues claramente establecido que: desde 1970 CPTSA era una EMPRESA
PRIVADA de accionariado difundido y que la calificación dual de EMPRESA ESTATAL
que por durante 20 años convirtió al Estado en amo y señor de las
telecomunicaciones, fue un acto ilegal, prepotente, abusivo e interesado.
E. LA PRIVATIZACION DE UNA EMPRESA
PRIVADA
“¡¡CPTSA SE VENDE, SI o SI!!”
Lo que
sucedió a continuación de la ratificación y actuación de CPTSA como empresa
Privada de Accionariado Difundido, es quizás historia poco conocida. La
cuestión era: ¿Cómo una empresa privada
podía ser nuevamente privatizada? La respuesta parecía obvia. Aquí son
visibles dos personajes claves en todo el proceso: el Abogado Jorge Tovar y el
contador Antonio Paucar Carbajal.
En 1990, la CPTSA ya en manos de sus
auténticos propietarios, arremetió con fuerza hacia un reflotamiento integral
de la Empresa. Lo primero que había que hacer era un ajuste interno
organizacional total; una reingeniería. Lo segundo tenía que ver con la calidad
del servicio y la búsqueda de los fondos necesarios para conseguirlo,
incluyendo nuevas estrategias para cubrir necesidades del mercado interno.
El
razonamiento era muy simple: La CPTSA nunca pudo despegar en esos años porque
la demanda superaba con creces la oferta de líneas, las mismas que no podían
ser ampliadas por falta de inversiones en el sector; inversiones que eran
difíciles de concretar por un manejo político, totalmente demagógico -no
técnico- de las tarifas.
Había otro argumento falaz y a todas luces descartable:
"La CPTSA era una carga económica para el país y no era un sujeto de
crédito". Falso. Si tan solo nos fijáramos en la memoria del año 1993
encontraríamos que solo en ese año la CPTSA obtuvo un ingreso de 551 millones
de soles. En ese período CPTSA transfirió al estado 197 millones de soles por
concepto de tributos, impuestos y retenciones, mereciendo ser calificada como
¡UNA DE LAS DOS PRIMERAS EMPRESAS! que más aportaron al estado.
Sin embargo,
ya a partir de julio de 1992, después del impronunciable autogolpe del domingo
5 de abril de ese año, las intenciones del gobierno de turno comenzaron a
revelarse con más rudeza. Lo cierto es que ya a partir de julio de 1990:
· Nunca se evaluó el hecho de que CPTSA fuese una empresa que jamás dio resultados en rojo y que por
lo tanto nunca significó una carga para el Estado.
· Nunca se consideró que la CPTSA era considerada una de las primeras Empresas que contribuían
al tesoro público con el pago de sus impuestos.
·
Nunca se sopesó el hecho que
las tarifas fijadas con criterio
político y las contribuciones al Estado, no le permitieron jamás tener
las utilidades suficientes para reinvertirlas
en planes de expansión y mejoras, acordes con la demanda.
Siempre el estado ayudó con su garantía para
el endeudamiento externo, pero a partir de esa fecha, esa garantía del Estado simplemente fue negada.
Ante esta
situación, la CPTSA de propiedad de los abonados se puso en alerta:
· Se trató de formar un sindicato de bancos que financiaran los
Proyectos de Expansión, pero todas las puertas se le cerraron.
· Se trató de recurrir a la Corporación Andina de Fomento (CAF)
en Venezuela, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, y a
otras entidades financieras, pero siempre el resultado era el mismo y las
consecuencias las esperadas.
Era evidente que la CPTSA sufría un
acorralamiento del régimen de Fujimori. Lo evidente se convirtió en objetivo, Incluso,
cuando CPTSA trató de ponerse a la vanguardia de la tecnología nacional y
latinoamericana, implementando su Proyecto de Telefonía Móvil Celular, estudiado
desde 1987 y puesto en marcha desde 1991; o cuando trató de afianzar su
proyecto de Televisión por Cable “Cable Mágico “que se implantó en setiembre de
1993.
El
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Fujimori le negó a CPTSA -aunque luego
se la confirió tardíamente- la licencia para operar Telefonía Celular; y, –peor
aún- le mantuvo a una empresa improvisada, ese privilegio tecnológico de llevar
al Perú a ser el segundo país en Sur América en contar con Telefonía Celular.
Esa empresa, tan improvisada como desconocida, había incursionado en el mercado
engañosamente, y en forma ladina había podido obtener una licencia de
operación. “Tele 2000” o “Celular 2000”, era de propiedad del inefable
empresario y conocido hombre de televisión Genaro Delgado Parker. Delgado y sus
socios, habrían mantenido una infraestructura pobre y con equipos usados y obsoletos,
internados en el país con un status aduanero de “temporal” que a la postre
resultó permanente. Lograron lo que querían: descremaron el mercado de nivel
socio-económico alto de Lima, brindando un pésimo servicio que solo podía ser
resuelto con la interconexión con la red de la CPTSA. Explotaron el mercado de
Telefonía celular por un año completo, sin competencia, hasta que CPT-CELULAR
pudo operar. Ellos desecharon cualquier tipo de inclusión social en el servicio
e impusieron precios exorbitantes y prohibitivos a un sector elite desprevenido
que, obviamente, entusiasmados por la novedad, los podían pagar.
En este
período surge claramente la figura del Dr. Jorge Tovar como hombre de confianza
del, en ese entonces, “delfín” y todopoderoso Ministro de Transportes y
Comunicaciones Jaime Yoshiyama Tanaka. Más tarde, Tovar, junto con Paucar y
otro sujeto de apellido japonés, sería miembro del Directorio de la CPTSA en
representación del gobierno fujimorista para luego, cuando su concurso era
impostergable para los fines del dictador, pasar a ser presidente de la
poderosa Comisión de Privatización (COPRI)
Dentro de
estos avatares, la nueva CPTSA de 1990-91 decidió convencer a cerca de 3000
trabajadores para acogerse al beneficio de una renuncia voluntaria con
incentivos. De esta manera se pretendía aliviar el sobrepeso que significaba
una planilla sobredimensionada gracias a una política laboral basada en el
clientelaje político, empleada tanto en el régimen de Velazco Alvarado y el de
Fernando Belaúnde, como en el de Alan García. Para 1992 los estándares de
trabajadores por cada 1000 líneas telefónicas ya estaban en un nivel aceptable
y competitivo.
Con la voraz
velocidad impresa por la barbarie del 5 de abril de 1992, un buen día de ese
mismo año los representantes del gobierno dictatorial ante el Directorio de CPTSA
convocaron a reunión a todos los miembros del mismo. La Agenda tenía un solo punto:
"Privatización (léase venta) de la CPT". En dicha reunión el primer
cuestionamiento de los convocados fue: “¿Se puede privatizar una empresa que ya
es privada?”. La respuesta habría sido tajante e inmediata: “¡La CPT se vende
SI o SI!". Ni siquiera se dio tiempo para que se sugiera que, si se
trataba de vender, pues que sea el estado el que venda el 20% del cual era
propietario. Después vino el silencio...de todos, incluyendo a los
representantes de los abonados accionistas...y cada uno fue el dueño de sus
propios temores, intereses, miedos, aciertos o desaciertos. El asunto fue que,
en menos de 2 años, el 28 de febrero de 1994, la CPTSA terminó vendiéndose,
conjuntamente con ENTEL, mediante una Licitación Pública Internacional en donde
resultó ganadora TELEFONICA DE ESPAÑA ofertando una cifra extremadamente
extraña.
Ya dueña de
las telecomunicaciones del Perú, la naciente TELEFONICA DEL PERU, TDP, se cuidó
astutamente -por un tiempo- de guardar las formas amigables. Así, por ejemplo,
TELEFONICA se comprometió a respetar lo expresado por la Junta General de
Accionistas cuando esta determinó, en uno de los acuerdos para la
privatización, que la estabilidad de todos sus trabajadores tenía que ser
respetada por quienes adquirieran el control de la empresa, en razón a que los programas
de racionalización de personal ya habían sido ejecutados y concluidos, precisamente
por la empresa privada que se estaba privatizando (omítase el contrasentido).
Es ahí que reaparece otro protagonista. Como director representante del
gobierno de Fujimori - ante la CPTSA democratizada por Garcia- se afianza el
contador ayacuchano que se jactaba de ser amigo y compañero de carpeta del
presidente Fujimori. Se trataba nuevamente de Antonio Paúcar quien venía de ser
Presidente de ENTEL y que luego sería Presidente del Directorio de la CPTSA y
más tarde aún, asesor de la poderosa TELEFÓNICA y también Ministro de
Transportes y Comunicaciones. Durante su presidencia se desestimaron acuerdos
de la Junta General y se permitió un feliz tránsito de la privatizada CPTSA a
la otra "privatizada" CPTSA que, conjuntamente con ENTEL-PERÚ, se
convirtieron en TELEFÓNICA DEL PERU, o simplemente TELEFONICA.
La
alteración de los acuerdos de la Junta General de Accionistas en materia
laboral. fue incluso materia de un proceso judicial entablado por el Sindicato
Único de Trabajadores de la CPTSA, que fue ganado por ellos pero que no fue
efectivo sino hasta la intervención del Tribunal Constitucional, quien ordenó
la reposición de los trabajadores despedidos por Telefónica, acto que ni
siquiera por provenir de esa majestad legal, TELEFONICA - rodeada de los
escuderos del rechazado fujimontesinismo- se negó a acatar en su totalidad.
En suma: fue
así pues como un mes, un día, de esa década corrupta, todavía frescos los ecos
del Congreso clausurado, los minoritarios representantes del gobierno
fujimorista ante el Directorio de la CPTSA, les habrían dicho al resto de los
Directores, que la CPTSA – aunque no fuese una empresa del Estado- se tenía que
vender “sí o sí “conjuntamente con ENTEL, que sí era una empresa del Estado. Y
estos directores, dueños de sus miedos, de sus intereses o simplemente de sus
pragmatismos, se doblaron y aceptaron, facilitando así el ingreso a un capítulo
negro en la historia de las Telecomunicaciones del Perú. Capítulo aún no
cerrado, pero que se ha estado desarrollando en todos estos años sobre muchos
episodios conocidos y sentidos por la ciudadanía.
La constante
fue que Telefónica, en todos los gobiernos sucesivos, siempre dio muestras de
sus orígenes oscuros y se aprovechó de ellos mediante operaciones nada claras.
A fines del 2019, 25 años después, Telefónica debía al Estado la astronómica
suma de 11,000 millones.
TELEFÓNICA DE ESPAÑA – ya convertida en
Telefónica del Perú- a partir de 1994, no solamente se dedicó a despedir trabajadores.
El año previo, el español “comisario” Santillana, cada vez que venía al Perú se
desgañitaba afirmando que TELEFÓNICA jamás despediría a un solo trabajador, para
después disponer todo lo contrario. Simultáneamente veía la forma de sacar más
dinero vía aumento de tarifas o ejecución de contratos “secretos” de
transferencia de tecnología o de administración. TELEFÓNICA también se preocupaba
que todos sus proveedores de bienes y servicios fuesen de ascendencia española;
ya sea conocidas empresas de España u otras “recién” conocidas, fundadas
específicamente en el Perú y para fines específicos en el Perú. Incluso, se
decía, con el concurso de algunos miembros de su plana ejecutiva que,
gambeteando así, se procuraban beneficios adicionales con el asentimiento de la
impoluta TELEFONICA de España.
En la CPTSA
las áreas de mayor cantidad de trabajadores de mano de obra calificada, eran
las áreas de Construcción de Planta Externa, Instalaciones de líneas y
Mantenimiento de líneas. Y fue ahí donde apuntó primero TELEFÓNICA porque
encajaba perfectamente con sus planes inmediatos. En 1994 TELEFÓNICA celebró
contratos con diversas empresas para la Instalación y Mantenimiento de líneas
de abonados. Todas eran españolas con ex trabajadores de la CPTSA y ENTEL,
excepto una que estaba conformada íntegramente por ex trabajadores de la CPTSA
y a quienes se les dio un caramelo para atenuar protestas y sentimientos de
culpa por los despidos masivos.
Para TELEFONICA
el otorgamiento de fuentes de trabajo directa, no fue nunca una prioridad.
Desde un inicio recurrió -con voluntarioso y visible empeño- al denominado
“outsourcing”; es decir, la subcontratación, externalización o tercerización de
sus responsabilidades mediante la transferencia de recursos técnicos y
principalmente humanos; con esto, sobre la base de la explotación de una mano
de obra barata, sus inversiones tendrían un mejor rendimiento. Se ganaba más si
se consideraba que esa mano de obra era calificada y con experiencia ya que
estaba conformada por los mismos trabajadores despedidos de la CPTSA y ENTEL.
Por otro
lado, contrariando las Leyes del Libre Mercado y del Neoliberalismo que tanto
predicaban, se liberó a Telefónica de toda competencia, etiquetando esto como
“concurrencia limitada” sobre una base legal discutible; mientras que
-siguiendo a rajatabla las leyes neoliberales- se dedicaban a debilitar y
desintegrar los sindicatos.
A fines del 2001, a pesar del retorno de la
democracia, Telefónica supo acomodarse y el panorama era prácticamente igual. Esto,
a pesar de que varias de las empresas españolas, que Telefónica trajo, se
retiraron del mercado una vez que este fue exprimido tras los años de vigencia
del monopolio. En diciembre del 2001 algunos nombres habían cambiado pero la
proporción era exactamente la misma. De 6 empresas que tenían contratos con
TELEFÓNICA, incluyendo Telefonía Pública, 5 eran de origen español y tan solo
una era peruana. Era la misma empresa que comenzó en diciembre de 1994 cuando Telefónica
comenzó a darle trabajo a empresas que contrataban a sus trabajadores
despedidos, pero altamente competentes en el campo. Esto les satisfacía
doblemente: menor costo y mejor servicio brindado a través de terceros.
ABECOTEL, con su Gerente español, Alberto
Ramírez ; DYCTEL, con su Gerente General español, Jesús López; ITETE, con su
Gerente General español, Carlos Ayala; RADIOTRONICA, con su Gerente español,
Juan Santos; AMPER, con su Gerente español, Antonio Martos y SERVICIOS PERUANOS
S.A “SEPESA”, con su Presidente peruano, Emilio Cassina, eran las seis empresas
privilegiadas por TELEFÓNICA, contratadas por esta para hacer lo que a ellas
les tocaba hacer, pero más barato. Habían otras tercerizaciones en otros campos.
Sin embargo,
este privilegio revelaba en su distribución discriminada, la verdadera actitud
de TELEFÓNICA hacia todo lo que signifique peruano. Durante el año 2001, 7 años
después de la venta de la CPTSA, del total anual de la facturación por estos
conceptos, ABECOTEL facturaba a TELEFÓNICA 12.7 millones de soles ( 23%);
DYCTEL, 8.5 millones de soles ( 15%); ITETE, 14.4 millones de soles ( 26%);
RADIOTRONICA, 14.4 millones de soles ( 26%); AMPER, 3.9 millones de soles ( 7%)
y SERVICIOS PERUANOS, 0.8 millones de soles ( 1.5%). Así fue siempre. SEPESA
solo era algo para afirmar que no todas esas empresas eran españolas.
Aun así, en
esos días, TELEFÓNICA “agobiada” por las rebajas tarifarias que le imponían una
real competencia dentro de un gobierno transparente y democrático; temerosa de
una justa reivindicación de los derechos laborales atropellados al amparo de la
dictadura, ya no consideraba prioritario presentar un rostro peruano –aunque
sea minimizado- en sus filas. Antes de que se concretara lo que podría venir
después del fin de la dictadura, había que apurarse en tomar medidas para
consolidar lo que hasta el momento se había logrado, y para eso había que tomar
cualquier herramienta que esté a la mano. En este caso no importaba que esa
herramienta no hubiese sido probada lo suficientemente en el mundo. A fin de
cuentas, el Perú a lo largo de su historia, en manos ibéricas, había sido y seguía
siendo un conejillo de indias.
Lo que
entusiasmó a Telefónica en esos años, era que en España y Brasil se estaba
experimentando con una nueva modalidad de gestión para la operación del Plantel
Exterior. Le llamaban “Bucle de Cliente” y consistía en otorgarle a una sola
empresa una sub-concesión para toda un área, digamos una Región o varias.
Mediante esta operación la empresa en sub-concesión tendría a su cargo todo el
Plantel Exterior de la Región que se le asigne. Esto comprendia desde el distribuidor
principal de las Centrales Telefónicas (MDF), pasando por toda la red de cables
aéreos o subterráneos; cables troncales, primarios o de distribución; equipos
de presurización, cámaras subterráneas, postes diversos, redes de acometida...
etc., hasta el equipo telefónico de abonado, incluyendo la mesa de pruebas, los
diversos equipos de transmisión con su infraestructura (torres, casetas y
otros) y el Servicio de Atención al público de Averías (102). No incluía, entre
otras, las actividades de Planificación, Diseño, Construcción, Instalación y
Mantenimiento de cables, propias de una administración total y que era tarea
reservada para una elite. Es decir, Telefónica “cedería” un 95% de su
responsabilidad en este campo clave en la explotación de telefonía fija, a un
grupo de “pequeñas” Telefónicas supervisadas por la “mayor”, que seguiría en el
negocio, percibiendo una cuota menor pero más rentable.
Las empresas
que se beneficiarían con esta curiosa modalidad de trabajar una concesión
tendrían que ser, por supuesto, españolas. No había cabida en los grandes
negocios para las empresas del país, había que privilegiar las de la madre
patria. Y curiosamente, mientras que el Ministro de Industria declaraba
“sentirse orgulloso porque de 30 empresas pesqueras en Paita, una es peruana (sic)”,
a escasos metros de su Ministerio se estaban dando los últimos toques para
dejar de lado a la única empresa peruana nacida como fruto directo de la denominada
privatización en el sector de Telecomunicaciones. Y entendemos que no
precisamente por ser la más mala o la más inexperta.
La prisa por
implementar en nuestro país esta experiencia, con problemas incluso en la misma
España, no era sin embargo un despropósito del grupo dirigencial español. El
establecimiento de esta modalidad de explotación denominada por ellos, como dijimos,
“Bucle de Clientes” o de abonados, obedecía a una serie de razones encuadradas
dentro de la estrategia de la transnacional. Así: Para el año 2001, TELEFÓNICA
debía de haber cumplido con una cuota de trabajadores despedidos que no pudo
alcanzar. Sus planes sincronizados con los de la dictadura pasada, fueron
trastocados por un gobierno transitorio, seguido de una democracia abierta a
los reclamos laborales. El Bucle de Abonado era el pretexto ideal para paliar
estos resultados adversos.
El Contrato
de Concesión firmado por TDP con el Gobierno Peruano, jurídicamente elaborado a
sus necesidades y demandas, no presentaría ningún impedimento legal para, en la
práctica, otorgar una mini concesión dentro de la concesión ganada con la
dictadura. Se reducirían de esta forma costos, elevando utilidades sobre la
base de la eliminación del costoso personal en planillas, los cuales serían
probablemente absorbidos por las sub-concesionarias españolas, “a sueldos de
mercado”. Y, por último, si esto no era exactamente así, la transnacional buscaría
siempre la manera de incrementar sus ganancias burlando el interés de sus
clientes y aprovechando las precariedades morales y técnicas de un Estado
acomodaticio, para no pagar lo que se debía pagar al Estado por sus actividades
económicas en el país.
El debate
nacional sobre el ponderado rescate de los derechos laborales llegó a su
momento punta. Para Telefónica un retraso cualquiera sobre una decisión de lo
planeado, de esa magnitud, no era aconsejable.
La
implementación del “Bucle de Cliente” significaría la transferencia a terceros
de la administración del total del Plantel Exterior telefónico. Esto debería
implicar normalmente muchos meses sino años, a la par que acuciosidad y
extremas exigencias por parte de los receptores de ese plantel, considerando
que más del 50% de la Planta Externa tenía más de 10 años de vida y que cerca
del 25% tenía más de 20. Esto, en determinados casos podría ser mortificante e
inconveniente para las exigencias de premura. Por lo tanto, había que apurarse,
pero previendo la no existencia de algún escollo incómodo que retrase los
planes. Para eso nada mejor que hacerlo con gente de la “madre patria”; amigos
y tolerantes, que cierren los ojos sin hacer estruendo, ante cualquier problema
que se pueda arreglar en el camino.
Poco tiempo después de estos sucesos,
probablemente contagiados por el síndrome del Juez Baltasar Garzón, famoso juez
anticorrupción en España, TELEFÓNICA optó por lavarse la cara ante la opinión
pública. Para ello nada mejor que un peruano de alcurnia y prestigio. Alfonso
Bustamante fue el elegido poniéndolo a la cabeza del Directorio desde donde reinaba,
pero no gobernaba. Sin embargo, sus propios intereses, su reputación como
banquero y sus fuertes lazos con el BVBA de España habrían podido resultar en
un tiro por la culata de imprevisibles consecuencias.
La táctica
de Telefónica volvió a cambiar y efectuó un enroque estratégico. El Presidente
Peruano se vuelve español y acuciosamente nombran a un tal Sr. Nadal,
prominente empresario español, para dialogar con nada menos que con el
Presidente de la República. Pasó la hora de Bustamante, quien pasó a ser un
mero Director. Su misión seria defender, desde un lugar más cómodo y junto con
los también Directores Jorge Melo (ex – Gerente General de OSIPTEL) y Ludwig
Meier (ex Ministro de Fujimori), las sensibles, pero nada secretas ambiciones
de Telefónica en los asuntos de la Renta Básica, los minutos libres y el cobro
por segundo.
Por otro lado,
el Gerente General español se vuelve peruano y echan mano a un tal Sr. Juan
Revilla para cubrir las apariencias de una supuesta autoridad peruana. Mientras
tanto, el ex Gerente General español José Vela es acusado por la jueza
anticorrupción Magaly Báscones quien ordena el embargo de sus bienes y quien
extrañamente deja libre de toda sospecha y culpabilidad al ex Ministro de
Fujimori y Montesinos Sr. Antonio Paucar Carbajal, incluyendo a su secretaria y
mano derecha, también sometida a investigación. Paucar, según dicen ya con la
nacionalidad norteamericana, desde las soleadas playas de Fort Lauderdale en
Florida donde reside, debió haber contemplado la escena todo sonriente y
saboreando su Piña Colada. Después de todo, él debió haber sido el más astuto,
el de más poder económico, el de más influencias o el más inocente. Ni Montesinos
le llegó al pie, a criterio de muchos que le conocieron.
Esta es,
apretadamente, una crónica de lo que fue la -así llamada- privatización de los
servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú. Crónica donde todavía no
se ha puesto el punto final. Mientras, gran parte de la ciudadanía sigue
reclamando que el Estado no abdique de su obligación de función pública y que
el gobierno de turno saque experiencias del pasado reciente y cumpla -haciendo
uso de inteligencia e imaginación-con su obligación moral de no privatizar -o
privatizar pero con fórmulas menos ortodoxas, innovativas- las empresas de
servicios públicos que todavía tiene bajo su control . Se rechazaría así ese
fracasado concepto neoliberalista de moda, en donde la economía del país parecería
estar -a veces- en manos de cajeros y rematadores de los activos que nos
pertenecen a todos.
Reiteramos
finalmente la necesidad de obrar con conocimiento, experiencia e imaginación. La
privatización no significa necesariamente la enajenación total de una propiedad
pública. Existen otras modalidades que deberían considerarse con cierta dosis
de sabiduría. Sin ir muy lejos, en el mismísimo caso español -por ejemplo- en
su momento la política de privatización optó por mantener el estatus público de
la titularidad, organización y dirección, dejando solo la gestión total o
parcial en manos del sector privado, con óptimos resultados. En el Perú de hoy,
un buen acercamiento podrían ser las denominadas Empresas Publicas Privadas,
EPP.
* “España
aparta de mi este cáliz”
Poema escrito por Cesar Vallejo en 1937:
Agrega…" ¿Batallas? ¡No! ¡Pasiones...
de dolores de pueblos con esperanzas de
hombres!...
El
mundo exclama: “¡Cosas de españoles!” Y es verdad..."
|
E |
l Ing. Marco Paredes Gálvez es graduado en la Universidad Nacional
de Ingeniería UNI, con el título
de Ingeniero Mecánico Electricista,
con posterior especialización en Telecomunicaciones.
Ha optado asimismo el grado de Máster
en Gestión de Políticas Públicas, otorgado por la Universidad Autónoma
de Barcelona, UAB.
|
T |
iene estudios de posgrado en
Telecomunicaciones en: ESPAÑA (“Centro de
Capacitación de la Standard Electric”), ITALIA (“Instituto Per La Ricostruzione Indústriale”), SUECIA (Centro de Capacitación de
“Televerket”), JAPON (JICA,
Agencia de Cooperación Internacional del Japón), BÉLGICA (Centro de Capacitación de la “Bell Telephone”).
Asimismo, ha seguido cursos de
actualización en: BRASIL,
CANADA, EE. UU; CHILE, VENEZUELA,
MÉXICO y otros.
|
L |
ocalmente, ha estudiado también, entre otros, en: la Escuela Superior de
Administración de Negocios, para graduados, ESAN y en el Instituto Peruano de Administración de Empresas, IPAE.
Es autor de varios artículos
de la especialidad publicados en diversas revistas locales e internacionales y
ha desempeñado la docencia en diversos
organismos reconocido como: El “Instituto Tecnológico Superior José Pardo”, la “Escuela de oficiales
de la FAP”, la “Universidad Inca
Garcilaso de la Vega” (UIGV) y
la “Universidad Nacional Federico Villarreal” (UNFV).
|
E |
n el aspecto laboral, se
ha desempeñado como: Ingeniero en la ex Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPTSA) y Telefónica del Perú (TDP), periodo (1970-94); Presidente
del “Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones”
(INICTEL); Director de la
“Empresa de Radio y Televisión Peruana” (Canal7 y Radio Nacional); Presidente del Proyecto PERDHA del “Ministerio de Salud” para
la Recuperación y Desarrollo de los Hospitales de Apoyo; Asesor del Despacho
Ministerial del “Ministerio de Transportes y Comunicaciones” (MTC) (1988-90); Asesor Técnico de la
presidencia de “CORPAC”; Gerente
General Adjunto de la “Compañía Peruana de Teléfonos” (CPTSA); fundador y primer Gerente General de la actual “MOVISTAR” ( móviles) de Telefónica;
Gerente de Marketing de ERICSSON
del Perú; Asesor Técnico de la Comisión del Congreso de la República para la “ interceptación telefónica”;
Director de la CPTSA (1978);
Director de Telefónica TDP
(1994); Director, Gerente General, de la empresa de Telecomunicaciones
“Servicios Peruanos S.A” (SEPESA);
Presidente del Directorio de “SPRYSSA”,
empresa de Telecomunicaciones; Director-Gerente General de LMB TELECOM, empresa de
telecomunicaciones; Presidente del Directorio de “SERVIVOZ S.A”, empresa de Telecomunicaciones; Consultor técnico de
la Unión Europea UE: Director de
Proyectos y Consultor Experto Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la “Unión Internacional de Telecomunicaciones” (UIT), habiéndose desempeñado como tal
en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Republica Dominicana; Perito Técnico del
Tribunal de Conciliación y Arbitrajes de la “Cámara de Comercio de Lima” (CCL).
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